El presidente de la República, Rodrigo Chaves, junto con el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, derogaron la directriz N° 025-H que obligaba a todas las instituciones estatales a realizar sus contrataciones públicas a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). La eliminación, que fue oficializada mediante la directriz N° 043-H, justifica que la obligatoriedad del Sicop ya está prevista en la Ley General de Contratación Pública.
Esta directriz, que estuvo en vigor desde el 1° de agosto de 2018 durante la administración de Carlos Alvarado, imponía el uso exclusivo del Sicop para gestionar las compras públicas con fondos del presupuesto nacional. Sin embargo, el 1 de diciembre de 2022 entró en vigor la Ley General de Contratación Pública, la cual establece que todas las contrataciones públicas deben realizarse a través de un sistema digital unificado, lo que hacía redundante la directriz N° 025-H.
El Artículo 16 de la Ley General de Contratación Pública deja claro que la contratación pública debe gestionarse exclusivamente por medios digitales, y en la actualidad, el sistema empleado para tal fin sigue siendo el Sicop. El incumplimiento de esta norma, salvo casos de fuerza mayor, conlleva la nulidad de los procedimientos de contratación.
Justificación de la derogatoria
Rodrigo Chaves y Nogui Acosta explicaron que la derogación se debe a que la nueva Ley General de Contratación Pública, de rango superior a una directriz, ya regula el uso obligatorio del sistema digital unificado. De acuerdo con el principio de jerarquización normativa, la ley prevalece sobre cualquier directriz, lo que hace innecesaria la continuidad de la N° 025-H.
Entre los argumentos presentados, se destaca que la ley ya establece que todas las compras públicas deben gestionarse de manera digital, lo que garantiza un proceso más transparente y centralizado. La Dirección de Contratación Pública es la encargada de velar por el buen funcionamiento y seguridad del sistema, además de supervisar el cumplimiento de las entidades públicas con los requisitos de contratación.
Implicaciones para el futuro
La eliminación de esta directriz no afecta el uso del Sicop, ya que la Ley General de Contratación Pública mantiene la obligatoriedad de utilizarlo. Lo que sí cambia es la eliminación de la obligación de emitir informes semestrales sobre el cumplimiento del Sicop, algo que quedaba estipulado en la directriz de 2018.
La administración de Chaves busca simplificar la normativa en torno a la contratación pública y confiar en que las disposiciones de la Ley General de Contratación Pública sean suficientes para garantizar la eficiencia y transparencia de los procesos.
Con esta derogatoria, se pone fin a la confusión que existía entre la directriz y la ley, permitiendo que las instituciones sigan funcionando bajo las normas claras establecidas en la legislación actual. A su vez, esto refuerza la idea de que el Sicop sigue siendo el sistema principal para la contratación pública, aunque se deja abierta la posibilidad de futuros cambios en su implementación o administración.